Medioambiente: Oposición a la modificación de la Ley 3/2020 de recuperación y protección del Mar Menor
- Consideran inaceptable intentar reducir las exigencias impuestas a los sectores agrícola y ganadero, principales culpables de la eutrofización.
- Les preocupa el mayor retraso que esto representa para la aprobación y aplicación efectiva de importantes medidas destinadas a limitar el uso de nitratos o desarrollar el territorio.
Las organizaciones defensoras del Mar Menor manifestaron su rechazo a la modificación de la Ley 3/2020 de recuperación y protección del Mar Menor, y quisieron poner en valor tanto la historia del Gobierno Regional como el contexto actual en el que se desarrolla la propuesta de modificación.
Fondo
La primera ley aprobada específicamente para proteger el Mar Menor fue la Ley 3/1987, de 23 de abril, de protección y armonización de los usos del Mar Menor, que nunca llegó a aplicarse, y de hecho Fue derogado por el Partido Popular cuando entró en el Gobierno Regional..
En 2018 se aprobó la Ley 1/2018, de 7 de febrero, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor. Aunque así lo propuso el Partido Popular, los tres partidos de la oposición y la sociedad coincidieron y propusieron enmiendas para adoptar medidas en origen, con obligaciones de reducción del uso de nitratos, reducción de escorrentías, etc.
La aprobación se produjo en un clima de máxima presión del lobby agroindustrial, que incluso amenazó con acciones legales contra los diputados que votaron a favor de la ley.
Tras su aprobación, la actitud del Gobierno regional fue la de NO aplicar la ley, lo que llevó al Ministerio de Agricultura, presionado por el lobby, a elaborar una guía interpretativa de la ley para permitir a los agricultores cumplirla con mayor facilidad.
Presionado por el sector agroindustrial, el Grupo Parlamentario Popular propone la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor. Una norma que ya no se centra en el sector agrícola y ganadero, principal productor de nutrientes del Mar Menor, sino que intenta reducir la presión sobre el sector con una «ley multifactorial». Su principal resultado: la derogación de la ley de 2018. La norma no es nada ambiciosa, apenas va más allá de lo que ya exigen otras normas, y el articulado contiene afirmaciones que implican un control, que más adelante en su desarrollo está lleno de coladores.
Pero esta nueva ley tampoco se respeta. En 2022 ya se ha denunciado que no se están respetando los aspectos más importantes de la Ley 3/2020. Hoy, cuatro años después de su aprobación y entrada en vigor. Seguimos prácticamente iguales. La regulación del uso de nitratos, las medidas para frenar la erosión, la ordenación del territorio, la moratoria urbanística sobre los descafeinados y la insuficiencia…
Otro precedente a tener en cuenta es que las últimas modificaciones legales de la normativa autonómica relacionadas con el Medio Ambiente, llevadas a cabo en el seno de la Asamblea Regional, siempre a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, tenían un objetivo claro: defender los intereses de las empresas ante la en detrimento de la reducción de las garantías del interés general y, por tanto, de la protección del medio ambiente.
Contexto
Además de este contexto, también es importante el contexto en el que se produce la propuesta de modificación de la Ley 3/2020. Con un Gobierno regional apoyado por la extrema derecha y una campaña europea para movilizar el voto del mundo rural, aprovechando las tensiones en el sector primario provocadas precisamente por el oligopolio del sector, aumenta la presión para reducir requisitos y estándares en el sector. sector agroindustrial.
No hay que olvidar que la presión ciudadana, judicial e institucional, tanto del Gobierno central como de la Comisión Europea y de organismos internacionales, también ha aumentado en los últimos años. De hecho, recientemente España recibió la orden de imponer sanciones por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplimiento de la directiva de nitratos, por parte de varias comunidades autónomas que no han cumplido los requisitos de la directiva, entre otras Murcia y el entorno del Mar Menor. Al mismo tiempo, se creó una fundación que se dedicó a generar confusión, noticias falsas y presión para desempoderar al sector agroindustrial y generar una opinión pública proclive a reducir esta presión.
Y para terminar de poner el contexto, esta propuesta de modificación se presenta como una salida salomónica, teniendo en cuenta la propuesta de modificación de la Ley 3/2020 presentada por la ultraderecha a la Asamblea. El Partido Popular se encuentra entre la espada y la pared: bajo la presión de la sociedad y de las instituciones superiores, no puede aprobar una modificación tan evidente en el retroceso y el incumplimiento de estándares más elevados, pero tampoco puede romper con sus socios de gobierno. para no tener que acudir a nuevas elecciones.
La solución: dar un paso adelante, proponer una comisión para estudiar la modificación e ir más allá de la fecha de las elecciones europeas, que constituyen un elemento importante en este contexto.
Por tanto, las organizaciones se oponen a esta modificación, por los siguientes motivos:
- Este es claramente un intento de alejarse de la norma, para complacer al sector agroindustrial y a sus socios gubernamentales.
- Una vez más, se evita la presentación de informes obligatorios. Las leyes del Mar Menor no cuentan con un procedimiento ordinario que facilite el debate público y el necesario control científico, técnico y jurídico. No ha habido consulta de las normas de 2019 o 2020 con un comité científico, que es casi inexistente, ni con CARMA (así como no fue consultado para las modificaciones de otras normas ambientales), ni con otros consejos.
- En las consultas de expertos que el propio Grupo Parlamentario Popular propone para esta comisión revisora, el sector agrario está sobrerrepresentado, al igual que el propio Partido Popular, con ayuntamientos mayoritariamente de este partido, y en las que la sociedad y la comunidad científica tienen poca participación. presente. aquí.
- Mientras la enmienda está en marcha, los aspectos más importantes de la ley, que deberían haberse implementado con urgencia, aún deben ser aprobados e implementados. Y se pospone sin fecha.
En definitiva, la propuesta del Grupo Parlamentario Popular constituye un importante paso atrás, porque pretende debilitar aún más una norma poco ambiciosa y supone seguir retrasando irresponsablemente la aplicación de una ley que, en esencia, no se respeta, y todo ello en un contexto de crisis ecológica, con un ecosistema muy frágil y lejos de recuperarse, donde especies como el caballito de mar o la nacra corren grave peligro de desaparecer, mientras siguen llegando toneladas de contaminantes agrícolas y reproductores.
Los colectivos se oponen a la modificación de la ley de protección del Mar Menor
Organizaciones que respaldan la declaración:
- Alianza del Mar Menor (AMARME)
- Colectivo Banderas Negras
- Ecologistas en acción de la región de Murcia
- Federación de Asociaciones de Vecinos del Campo de Cartagena y Comarca (FAVCAC)
- Paz verde
- Pacto Plataforma Ciudadana por el Mar Menor
- SEO de vida de aves
- Yayo Flautas –– Murcia
Fuente de la imagen: www.ecologistasenaccion.org
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