Política: El Gobierno destina más de 7 millones de euros a la Región de Murcia para la protección de las familias y la lucha contra la pobreza infantil
09/02/2024
- El Consejo de Ministros aprueba la transferencia de cerca de 200 millones de euros a las Comunidades Autónomas. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha acordado con las comunidades autónomas una línea de crédito para proteger a las familias y combatir la pobreza infantil, prevista en los presupuestos por importe de 198.704.000 euros.
- El acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros deberá ser aprobado definitivamente por el Consejo Territorial para ser efectivo.
2 de julio de 2024.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, autorizó la distribución de 7.025.289 euros a la Región de Murcia para la protección de las familias y la lucha contra la pobreza infantil.
Este martes, el Gobierno ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza la propuesta de reparto territorial entre comunidades autónomas del crédito para la financiación en 2024 del programa de protección familiar y ayuda a la pobreza infantil. Se trata de una línea de crédito gestionada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a través de la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales. Este año, tras la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, este crédito tendrá un importe cercano a los 200 millones de euros (198.704.000€) y se distribuirá y transferirá a las ciudades de las Comunidades Autónomas (a excepción del País Vasco y Navarra) de Ceuta y Melilla para que puedan ejecutarlo en virtud de sus competencias en materia de servicios sociales.
El ministerio que preside Pablo Bustinduy acordó con las comunidades autónomas el reparto de estos casi 200 millones de euros y reafirmó su compromiso de seguir incrementando la dotación presupuestaria para este ámbito en los próximos años. “Nuestra hoja de ruta es retomar el aumento de financiación iniciado por el Gobierno de coalición en este ámbito”, afirmó Pablo Bustinduy. El ministro también destacó que esta cifra ampliada es la más alta que se ha dado en este ámbito, aunque aseguró que es necesario seguir incrementando esta dotación presupuestaria «para afrontar los retos que tiene nuestro país en la protección de las familias y de la infancia». . »
El acuerdo autorizado en Consejo de Ministros fue abordado previamente por el pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Autonomía y Atención de Dependencias, durante su reunión del día 17 de junio de 2024. Una vez aprobado por el Gobierno español, este acuerdo volverá al Consejo Territorial para su aprobación y entrada en vigor.
Tres programas gestionados por gobiernos regionales
De este crédito dependen tres programas fundamentales de prestaciones sociales básicas gestionados por los gobiernos regionales:
1. El primer programa está dotado con más de 108 millones de euros, de los cuales 3.499.905 euros corresponden a la Región de Murcia. Financia proyectos de servicios sociales destinados a desarrollar servicios básicos a nivel municipal como ayuda a domicilio, vivienda alternativa o incluso prevención e integración social.
2. El segundo programa cuenta con una financiación de 65 millones de euros, de los cuales 2.685.384 euros para la Región de Murcia. Se centra en la protección de las familias y la atención a la pobreza infantil, en particular a las unidades familiares con menores a cargo que se encuentran en situación de privación material severa o en riesgo de pobreza y exclusión social. El programa incluye una línea destinada a cofinanciar proyectos de alimentación, ocio y cultura, y a garantizar el equilibrio familiar durante las vacaciones escolares. De esta forma se reforzarán las iniciativas desarrolladas por las comunidades autónomas y los municipios.
3. El tercer programa, dotado con 25 millones de euros, de los cuales 840.000 euros para la Región de Murcia, tiene como objetivo reforzar los equipos de atención primaria para la protección integral de niños y adolescentes contra la violencia. Se trata de cofinanciar proyectos destinados a fortalecer los servicios sociales que permitan la prevención y detección temprana de posibles riesgos de violencia contra la niñez, en coherencia con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia contra la Violencia aprobada en 2021.
Por otro lado, el Ministerio de Derechos Sociales establece que la distribución territorial de los fondos se realiza según diferentes criterios establecidos en el convenio, como la población de cada territorio, su superficie o incluso la tasa AROPE (que mide la riesgo de pobreza o exclusión). Este año, con la ampliación de los presupuestos, la distribución territorial propuesta es idéntica a la de 2023. En este sentido, Pablo Bustinduy destacó que el objetivo de incremento presupuestario «intenta corregir la infrafinanciación histórica que experimenta este sistema». y esto ha empeorado en la última década debido a los recortes presupuestarios. Asimismo, la ministra recordó el necesario compromiso de los gobiernos regionales para mantener sus inversiones en servicios sociales y reclamó a todas las administraciones y a todos los partidos «una política de Estado que construya un amplio consenso para proteger los recursos y evitar nuevos recortes».
Fuente de la imagen: mpt.gob.es
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