Justicia: Juez nombra a 18 personas bajo investigación por presunto complot para regularizar inmigrantes ilegalmente

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, en auto notificado esta semana, acuerda continuar el procedimiento contra 18 personas imputadas por formar parte de un grupo dedicado a ofrecer contratos laborales falsos a inmigrantes irregulares, principalmente africanos y magrebíes. necesitados, a través de empresas sin actividad, de regularizar su situación en España. Con esto concluye la investigación de uno de los complejos casos que llevaron a este tribunal a contar con un juez suplente durante tres meses.

Gracias al fortalecimiento de la actividad de este organismo en las últimas semanas, autorizado por la Unidad de Acción de Casos Complejos (UACC) del Consejo General del Poder Judicial, a solicitud del Tribunal Superior, el titular ha publicado la resolución que pone fin una investigación sobre más de 60 solicitudes de permiso de residencia, con un voluminoso expediente judicial digital de más de 2000 hechos.

En el proceso están imputados como principales imputados el administrador de una consultora, considerado organizador de la conspiración, y uno de sus hijos, encargado de recibir dinero de extranjeros y controlar el pago de honorarios. y los altibajos de la Seguridad Social. Además, el procedimiento se dirige contra quienes se presentaron como directores de las empresas utilizadas como empleadores, posibles nominados. Finalmente, estarían inmersos en el procedimiento ciudadanos extranjeros perjudicados por estos hechos, quienes a su vez fueron investigados por presuntos delitos de falsedad documental, por haber facilitado los contratos de trabajo falsos mencionados en los expedientes de residencia, habiendo obtenido algunos de ellos la regularización.

Los hechos denunciados podrían incluir, según se detalla en el auto, y «sin perjuicio de cualquier otra calificación», delitos contra los derechos de los trabajadores, pertenencia a organización o grupo criminal, falsificación de documentos, estafa, blanqueo de capitales y usurpación del estado civil.

El propietario alude, entre las diligencias de investigación practicadas que llevan a esta conclusión, a vigilancia policial y numerosas intervenciones telefónicas. Además, explica, durante los registros realizados se encontraron documentos “relevantes” relacionados con contrataciones sospechosas. La resolución también incluye análisis de hardware informático que indican que uno de los investigados poseía los certificados digitales que supuestamente le permitían operar en nombre de las empresas contratistas.

Y por último, subraya el auto, “las declaraciones de los testigos, algunos de los cuales estaban protegidos, fueron particularmente incriminatorias”. Testimonios que demuestran “indicativamente” que el investigador principal y su hijo “vendieron contratos a extranjeros haciéndoles pagar precios importantes”.

Todo ello lleva al instructor a concluir que existen indicios de la existencia de una red de personas y empresas dedicadas a regularizar a inmigrantes necesitados mediante contratos laborales poco realistas, exigiendo precios elevados de los que se benefició el autor principal. Investigado, que según la resolución habría “utilizado a todos, inmigrantes, empresas, testaferros, etc., con el único fin de enriquecimiento personal, y ello abusando de la escasez y miseria de ciudadanos débiles y desesperados, llegando incluso a presentarse en la sede judicial como una especie de mesías redentor o salvador. Y por tanto “pruebas suficientes para pasar a la fase de acusación”.

Además, el magistrado entiende que no hay motivo para levantar las medidas cautelares existentes, referidas al bloqueo de cuentas bancarias, porque es la única forma de garantizar que en el futuro, y ante una posible condena, se reembolse a las víctimas. por las sumas retiradas. “Hay que tener en cuenta que la mayoría de los extranjeros se quejaron, alegando que habían pagado sumas enormes a los investigados. »

La resolución no es definitiva y es posible un llamado de reforma y/o un recurso de apelación contra la misma.