Justicia: El público de Murcia adquiere el Consejo de Construcción de Villegas de un crimen contra el Tesoro público


La Sección 2 considera que, aunque el «fraude fiscal del IVA correspondiente a los años 2009 y 2010», no hubo participación directa o conocimiento suficiente de los cinco miembros acusados. El presidente estaba fuera del proceso de incapacidad para estar sujeto a un juicio

El artículo 2 del Tribunal Provincial de Murcia adquiere cinco miembros de la Junta Directiva de la construcción de Mercantiles Villegas SL, acusado de un delito contra el Tesoro público por presuntas irregularidades en la Declaración de IVA correspondiente a los años 2009 y 2010.

La acusación realizada por el Ministerio Presupuesto y el AEAT indicaron un presunto fraude presupuestario por una cantidad mayor de 2.7 millones de euros. Según las acusaciones, las liquidaciones de las declaraciones del IVA han registrado datos que no sean la realidad para reducir la cuota de impuestos para ingresar.

El tribunal ha demostrado que, aunque ha ocurrido «fraude fiscal», no hubo participación directa o conocimiento suficiente de los acusados ​​en las decisiones fiscales adoptadas por la Compañía. La gestión efectiva de la empresa, como podemos ver por la pena, cayó exclusivamente en el presidente de la Junta Directiva, que no se intentó estar sujeto al juicio.

La resolución enfatiza que los acusados ​​no tenían un campo funcional del hecho, o de la capacidad real de la decisión en las obligaciones fiscales de la Compañía, limitadas a la firma de documentos de acuerdo con las instrucciones del Presidente, en un contexto de estructura comercial altamente jerárquica y familiar. «El estado simple del administrador no puede servir como un criterio para la asignación de responsabilidad penal de sí misma», explica. Y, «Los acusados ​​no tenían lo que nuestra doctrina jurisprudencial define como un campo funcional del hecho, porque se limitaron a asumir las decisiones que ha tomado el hermano mayor», agrega que la firma de declaraciones podría constituir un acto de cooperación necesario.

Según lo anterior, la audiencia adquiere a los miembros de la Junta Directiva acusada, así como las constricciones de Villegas SL, de cualquier responsabilidad penal y civil extraída del procedimiento.

La oración también menciona, pero no como un argumento para el alta, pero para contextualizar el funcionamiento de la empresa y la estructura de toma de decisiones, que la situación financiera de la compañía durante los años estudiados estuvo marcada por la crisis económica y la delincuencia de las administraciones públicas, que tenía que tener la compañía más de 40 millones de euros, que agravó su situación de liquidez.

Contra esta resolución, se puede presentar una apelación ante la Corte Suprema.



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