Política: La Comunidad General de Regantes de la Margen Izquierda Levante del Segura y el Instituto de Ciencias del Agua y Ambientales de la Universidad de Alicante comparecen ante la Comisión sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura
La Comisión Especial de Estudio sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura tras las últimas medidas anunciadas por el Ministerio de Transición Ecológica se ha reunido esta mañana en una nueva sesión, durante la cual han participado el presidente de la Comunidad General de Regantes de Regantes de la Margen Izquierda Levante del Segura y vicepresidente primero de la Unión Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCATS), Roque Luis Bru Bonet, y el director del Instituto de Agua y Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, Andrés Molina Giménez.
Roque Luis Bru Bonet destacó que «el trasvase Tajo-Segura es en gran medida fuente y despensa de Europa. Siempre lo hemos dicho y ahora la situación geopolítica nos da la razón: no podemos permitirnos perder la soberanía alimentaria ni de España ni de Europa». En este sentido, ha destacado que «ningún país serio y coherente puede permitirse reducir a la mitad infraestructuras como el acueducto Tajo-Segura sin disponer de una alternativa eficaz y económicamente viable». Y puso el ejemplo de Portugal, que «está construyendo infraestructuras hidráulicas para almacenar y distribuir agua que en España no queremos utilizar con pretextos medioambientales».
Durante su intervención, Bru Bonet destacó la labor de los agricultores en relación con el medio ambiente: “Los agricultores somos los que más cuidamos el medio ambiente porque convivimos y formamos parte de él y en muchas ocasiones creamos ecosistemas que sin nosotros no existirían.
Por su parte, Andrés Molina Giménez defendió el Trasvase Tajo-Segura como «una infraestructura estratégica de primer orden para la Región de Murcia y las provincias de Almería y Alicante y para todo el Levante».
El director del Instituto de Ciencias del Agua y Ambientales de la Universidad de Alicante también destacó que “el aumento de caudales ecológicos supone un descenso respecto a 2027 de 105 hm3, para regadío; una pérdida del 16% de regadío del trasvase Tajo-Segura; pérdidas económicas de más de 5.322 millones de euros; y el despido de 15.400 trabajadores directos”. En este sentido, considera que «los débitos establecidos son desproporcionados, carecen de soporte técnico suficiente y adolecen de importantes defectos formales en su tramitación. Asimismo, fueron aprobados sin la participación efectiva de los usuarios del sistema Tajo-Segura, sin promover un proceso real de consulta, y desconocen la condición hidrológica legal de 6 m³/s de Aranjuez establecida en la ley de 1980 del régimen económico del Tajo-Segura», y destacó que si bien «los volúmenes establecidos han sido validados por el Tribunal Supremo en las sentencias dictadas hasta la fecha, ello no impide su revisión en futuros ciclos de planificación.
Molina Giménez advirtió que «se ha producido un aumento de caudales ecológicos, sin que se hayan implementado las medidas compensatorias que deberían paliar parcialmente la reducción de las aportaciones de trasvase, lo que demuestra una grave inconsistencia interna en el real decreto que aprueba los planes hidrológicos. Finalmente, destacó que «desde 2018 hasta noviembre de 2024 se han producido 27 reducciones injustificadas de nivel 3, el importe de la deuda hídrica con la cuenca del Segura asciende a 198 hm3, debido a Decisiones arbitrarias del Ministro Ribera.
Durante la reunión, en una ronda general de intervenciones, intervinieron los diputados Fernando Moreno García (GP Socialista), Antonio Martínez Nieto (GP Vox), José Luis Álvarez-Castellanos Rubio (GP Mixto) y Jesús Cano Molina (GP Popular).
Al finalizar la reunión de la Comisión, el segundo ponente y representantes de los grupos parlamentarios participaron en ruedas de prensa (publicado en nuestro Banco de Recursos: https://www.asambleamurcia.es/banco-de-recursos/ruedas-de-prensa/398415).
