Justicia: Confirman la condena del ex titular jurídico de vivienda de la región de Murcia por acusación de falsos procedimientos urbanísticos

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia confirma íntegramente la condena del exjefe del Servicio Jurídico de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda de la Región de Murcia y otros cuatro acusados, por los delitos de falsedad en documento público, estafa, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas y revelación de secretos.

El Tribunal ratifica para el primero la pena de tres años y tres meses de prisión, una multa de 1.440 euros y la pérdida de su condición de funcionario, con prohibición de ejercer cargos públicos durante el mismo periodo. La sentencia también confirma las condenas dictadas contra los demás acusados ​​por su participación en una red que recaudaba dinero de empresarios a cambio de falsos trámites urbanísticos o supuestas adjudicaciones de obras públicas.

Las penas fueron impuestas tras la admisión de los hechos por todos los imputados, quienes, “libre, consciente y voluntariamente, debidamente asistidos por su defensa, indicaron estar de acuerdo con los hechos que sustentan el relato fáctico acusatorio”, dice literalmente la resolución.

Según el relato de hechos probados, el directivo utilizó su cargo oficial y sus funciones en el Ministerio de Fomento para “captar clientes” y ofrecer una influencia que no tenía, llegando a emitir “certificaciones falsas” con el sello del Ministerio de la Presidencia y Fomento y firmadas por una persona inexistente como titular de la CARM. “Ante tan engañosa y aparente puesta en escena, los empresarios privados entregaron las distintas sumas de dinero que les solicitaban, confiados en la futura gestión y en la misión propuesta”, añade la resolución.

Junto a él, fueron condenados otros cuatro acusados: uno de ellos, colaborador en operaciones y cobros ilegales, a cinco años y tres meses de prisión por estafa, mentira y tráfico de influencias; otro, intermediario en determinadas operaciones, a seis meses de prisión por tráfico de influencias; un tercero, un empresario que lucraba con información confidencial, a un año de prisión por utilizar información privilegiada; y un cuarto, funcionario, condenado a quince meses de prisión y cuatro años y medio de inhabilitación especial por actividades prohibidas y negociaciones incompatibles con su función.

El recurso fue interpuesto por la persona considerada colaboradora en los procedimientos y recuperaciones, quien alegó que la sanción impuesta excedía lo acordado. La Sala aclara, sin embargo, que no hubo pleno cumplimiento en el sentido procesal, sino un juicio contradictorio en el que todos los imputados admitieron los hechos, pero las sentencias se fijaron luego de la valoración de las pruebas y las conclusiones finales del Ministerio Público. La diferencia en las sanciones – precisa la Sala – se debe a que sólo el ex titular jurídico pagó parte de las responsabilidades civiles, por lo que se aplicó la atenuante altamente calificada de indemnización del daño. «No existe discrepancia entre las sanciones en cuestión y las finalmente impuestas», ya que fueron pronunciadas de acuerdo con el reconocimiento de hechos realizado por el imputado y las conclusiones finales del fiscal, que sólo aplicó la atenuante de reparación del daño al imputado principal, explica la resolución.

Compensación y confiscación

La resolución también confirma las indemnizaciones y responsabilidades civiles establecidas por la Audiencia Provincial. El ex titular de justicia y su colaborador deberán pagar conjuntamente más de 43.000 euros a los perjudicados por los procedimientos simulados, además de asumir el decomiso de diversas sumas, que suman más de 30.000 euros, obtenidas de forma ilícita en otros episodios del caso. El funcionario también deberá indemnizar individualmente con 10.000 euros los daños causados ​​en el ejercicio de su función pública.

La Corte concluye que la sentencia “responde y se ajusta a los supuestos de hecho y de derecho expuestos” y confirma todas las sentencias.

La resolución no es definitiva y es posible recurrir ante el Tribunal Supremo.