Justicia: La Audiencia de Murcia revoca la representación de ONG y municipios costeros como víctimas del “caso Topillo” en nombre del Mar Menor

c505218304b50c59c3659f6dda43bae7-links-1–>c505218304b50c59c3659f6dda43bae7-shortcode-0–>

“El ejercicio de su acción sólo es posible mediante la acción popular” y no como acusación particular, explica la resolución del artículo 5. Los magistrados consideran que, de acuerdo con la ley de personalidad jurídica de la laguna y su cuenca, procedería el recurso de apelación procedente. ser al comité de representantes «si hubiera estado legalmente constituido»

La Sección 5 de la Audiencia Provincial de Murcia (con sede en Cartagena), mediante auto notificado hoy, revoca el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena, en el que se hacía una oferta de acciones tanto a la entidad con personalidad jurídica Mar Menor así como los municipios vecinos y determinadas organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas a la defensa del medio natural en uno de los procedimientos conocidos como el “caso topillo”.

En concreto, se trata de uno de los 39 casos en los que se dividió la segunda pieza del «caso Topillo», en el que se denunciaron los daños causados ​​al ecosistema del Mar Menor por el vertido de salmuera de las nuevas desaladoras con las que abastecían diferentes operaciones agrícolas. Acción posterior a la que se juzgará en el escrito principal, dividida en dos partes, y pendiente de notificación a la Audiencia Provincial.

En la sentencia de septiembre de 2023 que es objeto del recurso se estableció que tanto el comité de representantes del Mar Menor como los municipios costeros y las ONG interesadas podrían personarse en el procedimiento de mantenimiento de la actuación, teniendo en cuenta sostuvo que resultan directamente perjudicados, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 19/2022, de 30 de septiembre, por la que se reconoce la personalidad jurídica de la laguna del Mar Menor y su cuenca.

Sin embargo, el Tribunal considera ahora el recurso interpuesto por una de las empresas denunciadas y revoca la resolución. El solicitante alega que la Ley de Procedimiento Penal (LECr) autoriza tal comparecencia sólo a quienes resulten directamente ofendidos o perjudicados, circunstancia que no ocurre ni en municipios vecinos ni en ONG dedicadas a la defensa del medio ambiente natural; y que hay que distinguir entre quienes son víctimas y perjudicados directamente, que pueden ser implicados en el marco de una acusación particular, y la acción pública que corresponde a todos los ciudadanos españoles, llamada acción popular y que, en su caso, debe haber sido ejercidos previamente mediante queja o reclamación.

En su fundamento jurídico, la Sala sostiene que el artículo 6 de la Ley 19/2022 equivale al artículo 101, que regula el ejercicio de la acción popular por cualquier ciudadano o entidad de la LECr, y por tanto no justificaría ni esta convocatoria. Y, por ello, centra su análisis en la citada ley del Mar Menor y en cómo se aclara la representación de la personalidad jurídica de la laguna y su cuenca.

Llegados a este punto, los magistrados destacan que si el artículo 3 de la citada ley 19/2022 establece un comité de representantes, una comisión de seguimiento y un comité científico para ejercer la vigilancia del Mar Menor y confiere al primero la función de proponer actuaciones para la protección, conservación, mantenimiento y restauración de la laguna, «por disposición de la citada ley, dicho comité de representantes sería quien, en nombre del Mar Menor, directamente perjudicado, actuaría como acusación particular».

Por tanto, entienden que “su llamado [la del comité de representantes] Esto podría ser procedente si hubiera estado legalmente constituida, que no está inscrita y sin que sea posible tenerla como tal por la mención que contiene la Ley 19/2022. En cuanto a los municipios vecinos y ONG, añaden, de acuerdo con lo establecido en la LECr, “que no se verían perjudicados directamente, más allá de lo que sería cualquier ciudadano, y por tanto el ejercicio de su acción sólo es posible a través de la acción popular”. , que no ha sido ejercido.

Por lo tanto, la Sala concluye que “no es posible recurrir” conforme al art. 782.2 de la LECr, el juez debe pronunciarse sobre las solicitudes formuladas por las partes en el proceso antes de las comparecencias producidas a raíz de la sentencia recurrida. Es decir, una vez concluida la investigación y dictada la orden de conversión abreviada, la solicitud de apertura de juicio oral deberá satisfacerse mediante la formulación de auto de acusación o sobreseimiento o, excepcionalmente, la práctica de procedimientos adicionales formulados por el representante de el fiscal.

Contra esta resolución no procede recurso ordinario.



Fuente de la Noticia

Fuente de la imagen: www.poderjudicial.es

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *