Lorca: El Ayuntamiento comparece como acusación popular en el juicio abierto contra el presunto ‘tironero’ de Plaza Real y pedirá su expulsión del país

Se trata de la primera vez que la administración local solicita una expulsión al amparo de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Esta ley también incluye entre los supuestos destinados a obligar a las personas a salir del territorio nacional los delitos de falsificación de documentos, uso de pasaportes falsos y registros ficticios.

Belén Pérez, asesora de Régimen Interior: “Los delitos que se le imputan están entre los que pueden motivar la expulsión, el hurto violento, por eso vamos a ser implacables”

Lorca, 25 de noviembre de 2025. El alcalde, Fulgencio Gil Jódar, ha instruido a la Secretaría General de Administración Local del Ayuntamiento para que comparezca en el expediente abierto ante el juzgado contra el presunto tironero de Plaza Real para quien se ha solicitado su expulsión inmediata del país. Así lo anunció este martes la concejal de Régimen Interior, Belén Pérez, quien aseguró que «es la primera vez que la administración local solicita un desahucio. Lo haremos en base a la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, 57.2 de la Ley de Extranjería y 89 del Código Penal. Es la primera vez, pero no será la única. La intención es comparecer personalmente en todos tales casos los delitos que se le atribuyen están entre los que pueden motivar la expulsión, el robo con violencia, por lo que vamos a ser implacables en esta situación y en otras situaciones idénticas que se presenten en el futuro.

Los delitos contra la propiedad: hurtos violentos, hurtos con fuerza sobre las cosas, «son constitutivos de expulsión de nuestro territorio, por eso vamos a ser inflexibles en exigir que todo el peso de la ley recaiga sobre esta persona y sobre otras que actúan de la misma manera. No queremos delincuentes extranjeros y vamos a actuar para que sean devueltos a su país y que no puedan regresar a Lorca», insistió el edil de Interior del Régimen.

Esta ley, recordó, también incluye entre los supuestos encaminados a obligar a las personas a salir del territorio nacional los delitos de falsificación de documentos, uso de pasaportes falsos y registros ficticios. «También estudiaremos la comparecencia en estos casos. La jurisprudencia del Tribunal Supremo especifica que la existencia de residencia legal no impide la expulsión. Serán expulsados ​​y estarán sujetos a una prohibición de retorno que puede durar diez años. La expulsión por infracciones penales es una realidad jurídica que afecta cada vez a más extranjeros en España. Hay que acabar con la impunidad.»

Y añadió que «las personas condenadas a una pena privativa de libertad inferior a un año podrán ser expulsadas, dado que se tiene en consideración la sanción prevista por el Código Penal español. No permite interpretaciones concretas en el ámbito del ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro, porque se trata de una transposición de normas europeas, decidida a nivel comunitario. Nuestra representación se basa en el derecho constitucional, recogido en el artículo 125 de la Constitución Española futura».

El Ayuntamiento, aportó, «se presentó como perjudicado, porque este tipo de actuaciones generan alarma social, con independencia de que se haya cometido un delito contra una persona en nuestro municipio. Hurto mediante el uso de la violencia o la intimidación, en el que la víctima incluso sufre daños o lesiones. Esto es un aviso a los navegantes de que no vamos a permitir que se altere el normal curso de vida en nuestro municipio. Se quejará».

Asimismo, dijo que otros casos que ahora serán considerados también son causales de expulsión. «Entre los delitos que pueden motivar la expulsión, además del que nos referimos, contra bienes, hurto con violencia, hurto con fuerza sobre cosas, también está el contra la seguridad vial, la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas en caso de reincidencia o resultado lesivo. Y los delitos de falsificación de documentos, utilización de pasaportes falsos y matriculaciones ficticias.»

El concejal advirtió que «existe jurisprudencia de la Corte Suprema sobre permisos de residencia. La existencia de residencia legal no impide la expulsión si se cumplen las condiciones del artículo 57.2 al que nos hemos referido. Estas expulsiones están aumentando y no sólo en nuestro país. Hace apenas unos días, Chile expulsó a 69 extranjeros que habían cometido delitos. Esta será la dinámica a seguir».

Finalmente, destacó la necesidad de poner fin a ciertos comportamientos para permitir una mejor convivencia. «Hay situaciones que son habituales en otros lugares, pero aquí no. Lorca es una tierra de libertad, de gente que se integra en la sociedad, compartiendo nuestros valores, nuestra cultura, nuestras costumbres. No podemos ‘encerrar’ a nadie bajo el manto de la tradición y la obligación».