Lorca: El Ayuntamiento de Lorca solicita que no se establezcan Zonas de Caudal Preferente hasta que finalicen los trabajos del Plan de Defensa contra Inundaciones.

El concejal de Agricultura exige al Ministerio de Transición Ecológica y a la Confederación Hidrográfica del Segura que den cara a los cientos de víctimas y les den explicaciones: «Están sometiendo a los afectados a un doble castigo: desprotegidos y arruinados».

Ante el silencio del Gobierno central y la falta de información a los afectados por zonas de flujo preferente, el Ayuntamiento es la única administración que ofrece información a los vecinos.

El Ayuntamiento insiste en que frenemos ya el proceso, que se ha convertido en una «pesadilla», arruinando a miles de Lorca con una recalificación de suelo que, en la práctica, supone una expropiación secreta de más de 2.500 hectáreas.

Lorca, 13 de octubre de 2025. El concejal de Agricultura y Agua del Ayuntamiento de Lorca, Ángel Meca, solicitó al Gobierno central no proceder a la delimitación de Zonas de Caudal Preferente en la comarca de Lorca hasta que se ejecuten las inversiones previstas en el Plan de Defensa contra Inundaciones. Se trata principalmente de presas y diques rodantes destinados a proteger a los ciudadanos de las inundaciones provocadas por los bulevares de Béjar, Nogalte y Torrecilla, así como por el canal de Biznaga.

Ángel Meca dijo que imponer restricciones antes de realizar estas obras es un doble castigo para los vecinos, que necesitan que el Gobierno central los proteja y no los arruine realizando una expropiación secreta de sus viviendas, terrenos y negocios. La realidad es que la situación es absolutamente dramática para cientos de familias lorquinas, que nos manifiestan su absoluto incredulidad ante estos hechos, ya que no han recibido ninguna notificación del Gobierno central informándoles de la reclasificación de sus casas y solares. No hablamos de grandes terratenientes, sino de familias que pagan una hipoteca por un terreno o que han vivido en el mismo lugar durante generaciones y de repente descubren que se han pasado la vida pagando por una propiedad cuyo valor real pasa a ser cero.

El Ayuntamiento exige que queden automáticamente sin efecto las restricciones y efectos del establecimiento de los mapas de zonas de caudales preferentes que el gobierno de Pedro Sánchez viene imponiendo desde 2020, y que no se definan en un plan hasta que esta administración haya llevado a cabo las obras de protección contra inundaciones ya realizadas para proteger a los vecinos de Campillo, Purias, Torrecilla y el resto de barrios afectados por este proceso, que se ha convertido en «una pesadilla».

Ángel Meca ha subrayado que Lorca lo que necesita en este sentido del Ministerio «son inversiones, no mapas de la ruina», y ha recordado que estos mapas fueron elaborados unilateralmente por esta administración, sin consultar a los vecinos, al Ayuntamiento ni al Gobierno regional, ocultando los hipotéticos criterios técnicos utilizados para su elaboración, dando lugar a una «gran pifia», que, en lugar de ayudar a la gente, les arruina la vida. En lugar de colores en un mapa, exigimos infraestructuras que los protejan.

El concejal de Agricultura quiso aclarar que este Ayuntamiento asume su gestión ante la ciudadanía y la respuesta operativa municipal cada vez que se registran precipitaciones, pero que todos tienen muy claro que la responsabilidad exclusiva de lo que está sucediendo en esta zona de Lorca al no realizar obras de protección contra inundaciones es directamente del Ministerio de Transición Ecológica. Estamos cansados ​​de denunciar lo que está pasando y más cansados ​​aún de ver pasar los años y el tiempo perdido. Es escandaloso tener que enterarse a estas alturas por los medios de comunicación de que la construcción de las presas rodantes de las presas de Béjar, Torrecilla y Nogalte sigue sin licitación, y que la presa de Béjar también sigue bloqueada y no será objeto de licitación al menos antes de 2026. En definitiva, todo está confuso y sin avances, sólo un lío administrativo detrás del cual se esconde el flagrante incumplimiento de los planes de gestión de riesgos, así como ciclos de planificación innecesarios.