Lorca: El Gobierno de Lorca emprende la defensa jurídica contra los promotores de un convenio urbanístico que exigen 1,2 millones de euros al Ayuntamiento

Los promotores exigieron en 2021 el reembolso de las cantidades económicas pagadas. Se trata de un acuerdo urbanístico que fue aprobado en solitario por el Partido Socialista durante el pleno municipal de julio de 2005 y firmado dos días después.

Los servicios técnicos municipales entienden que la reclamación administrativa está extemporánea y que, por tanto, no procede la devolución del importe solicitado por los promotores, ya que el convenio ha caducado.

María Hernández, concejala de Urbanismo: “desde el Gobierno de Lorca defenderemos hasta el último extremo los intereses de nuestro Ayuntamiento y de los habitantes de Lorca, lideraremos la batalla administrativa y judicialmente para evitar otro golpe económico a los habitantes de Lorca Lorca.

19 de julio de 2024. La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Lorca, María Hernández Benítez, ha anunciado este viernes que el Gobierno de Lorca presentará en julio una moción al Pleno Municipal para acometer la defensa jurídica de los intereses de todos los Lorca. habitantes. Frente a las exigencias de los firmantes de un acuerdo urbanístico que exigen el pago de 1,2 millones de euros, qué gran necesidad nos hacen de seguir bajando impuestos, de contratar más policías locales o de invertir en nuestros barrios. “Se trata de una denuncia administrativa contra el Ayuntamiento de Lorca por parte de los promotores de un convenio que preveía la realización de una promoción en un terreno situado en el término municipal de La Hoya”, indicó.

El edil de Urbanismo indicó que los servicios técnicos municipales estudiaron dicha denuncia y concluyeron que «la denuncia está extemporánea, por lo que la restitución estimada de 1,2 millones de euros exigida por los promotores no procede al haber expirado el contrato». y explicó que “entendemos que el acuerdo ha caducado y que los interesados ​​tendrán diez días para presentar sus alegaciones. Una vez transcurrido este plazo, se volverá a presentar al Pleno un nuevo acuerdo para resolver definitivamente la situación derivada de este acuerdo.

En concreto, Hernández Benítez ha recordado que se trata de un acuerdo urbanístico, diferente a los conocidos como “acuerdos trampa” que pretendían ejecutarse en suelos calificados como suelo no apto urbanizable (SIDU), “que fue aprobado en solitario por el Gobierno del PSOE. durante el pleno del Concejo Municipal el 25 de julio de 2005 y firmado dos días después entre los promotores y los políticos socialistas del momento. Los promotores, pertenecientes a la empresa Residencial Sierra de Tercia, consideran que no se ha respetado el acuerdo y exigen que se les devuelva la cantidad abonada hace años, 715.202 euros, además de los intereses generados, que, según los cálculos realizados, asciende a 492.660 euros, lo que representa un total de 1.207.862 euros.

Y agregó que la empresa Residencial Sierra de Tercia, desde mayo de 2009, cuando fue informada de las deficiencias observadas por el Servicio de Planificación y Gestión, no ha tomado acción alguna respecto de la rectificación, resolución o liquidación de dicho contrato, lo cual es una obligación legal. titular su ejercicio en los plazos legalmente establecidos para evitar su extinción y es recién el 2 de julio de 2021 cuando solicita la reclamación y restitución de las sumas entregadas, fecha en la que, como bien se argumenta en un informe emitido por los técnicos de la servicios del ayuntamiento en los que se considera que se ha producido la prescripción de la actuación.

“Esta afirmación confirma que la deriva de los acuerdos urbanísticos está lejos de terminar, como intentó hacernos creer el PSOE en noviembre de 2022, sino que las peticiones de los promotores continúan y se suman a los más de 15 millones de euros de pérdidas de la convenios sobre el suelo del SIDU y los 750.000 euros que también hay que devolver por otro convenio urbanístico en el distrito de Aguaderas”, afirmó el concejal.

María Hernández destacó que “19 años después, los Lorca seguimos sufriendo las consecuencias de los excesos urbanísticos, y lo peor es que la situación no indica una fecha definitiva para que esto se detenga y frene la hemorragia de pérdidas económicas que deben pagar”. todos los ciudadanos con el dinero de sus impuestos», y destacó que «desde el Gobierno de Lorca, con el apoyo de nuestros servicios jurídicos y urbanísticos, defenderemos los intereses de nuestro Ayuntamiento y de los lorcanos hasta el último extremo, que no Una duda es que lideraremos la batalla administrativa y judicialmente.

El consejero de Urbanismo concluyó destacando que “es escandaloso y vergonzoso ver el nivel de oscurantismo y la ley del silencio que los concejales del Partido Socialista intentaron imponer para hacer creer que aquí no pasaba nada, que todo estaba bien. iba bien y estaba bajo control. La realidad es que el 1 de julio de 2021 los impulsores de este acuerdo ya exigían su resolución y la devolución del dinero a través de un documento deliberadamente oculto a los grupos políticos municipales y cuya existencia tuvimos que descubrir durante casi tres años. . Después».