Lorca: Este mes, la UCP alcanza las 70 inspecciones en viviendas sospechosas en Lorca y añade un nuevo expediente administrativo por trabajo sin permiso
En el último mes, la policía local ha inspeccionado 10 nuevas propiedades
Desde su creación, la Unidad ha generado la apertura de 19 expedientes de alta automática
Asimismo, ha llevado a cabo un total de 65 demandas, entre propietarios y ciudadanos, ejecutándose ya un expediente sancionador.
10 de noviembre de 2023. La última valoración proporcionada por la Unidad de Control Registral no deja dudas sobre los avances alcanzados en su lucha por detectar y combatir todas las irregularidades cometidas por la ciudadanía en relación con sus obligaciones respecto del Registro Municipal.
“Los informes muestran claramente este progreso. A la fecha, la UCP ha realizado un total de 70 inspecciones de inmuebles, con sus correspondientes expedientes registrales y de verificación de información previa, por tratarse de viviendas de ocho o más personas empadronadas”, dijo la intendenta de Control Registral, María Belén Pérez Martínez, luego de la habitual reunión de trabajo, celebrada ayer, en la que participaron conjuntamente Urbanismo, Policía Local, Secretaría General y Estadística.
«En concreto, durante el último mes (y hoy), se han realizado 10 inspecciones en viviendas que presentaban sospechas de anomalías en el padrón municipal». Asimismo, a la fecha y desde su creación en junio pasado, la Unidad ha generado la apertura de 19 expedientes de alta automática, es decir el reconocimiento por parte de los órganos competentes de la irregularidad ocurrida.
En el balance de la actividad de la UCP destaca el número de solicitudes realizadas desde su puesta en marcha, un total de 65, entre propietarios y ciudadanos a los que se ha invitado a adoptar las medidas necesarias para regularizar su situación (como realizar trámites relacionados o aportar los justificantes pertinentes, entre otros).
“Cabe mencionar que algunas de estas solicitudes de comparecencia aún se encuentran dentro del tiempo de respuesta que marca la ley (10 días hábiles), por lo que aún optan por regularizar su situación”, aclaró Pérez. Sin embargo, «también existen varios expedientes en los que estas solicitudes, tanto de propietarios como de ciudadanos, no han sido tramitadas en los plazos establecidos, lo que ha dado lugar a informes cuyas conclusiones proponen el traslado a la unidad de sanciones en caso de que sean probables». abrió. un expediente sancionador.
En el mismo espíritu, ya se ha abierto un proceso de este tipo contra un ciudadano por inexactitud en la declaración relativa al domicilio de otra persona, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ordenanza sobre la gestión del registro. “Cabe recordar que toda persona que no respete sus obligaciones en materia de Padrón de Habitantes corre el riesgo no sólo de enfrentarse a un expediente de depuración, que implica la obligación de justificar y regularizar su situación, sino que -si vuelve a influir y repite- – la infracción- pueden ser objeto de un expediente disciplinario, como es el caso, y exponerse a sanciones económicas que, recordemos, se clasifican en leves, graves y muy graves, que van desde los 750 euros a los 3.000 euros.
Asimismo, gracias al carácter transversal de la Unidad, el Servicio Municipal de Urbanismo continúa realizando numerosas visitas, con el fin de detectar posibles infracciones urbanísticas en materia de vivienda. De hecho, a los cinco expedientes administrativos abiertos por el Ayuntamiento el pasado mes de octubre por obras sin permiso, se añadió otro, elevando a seis el número de promotores que podrían enfrentarse a una orden de derribo por haber infringido la Ordenanza urbanística vigente.
“Recuerde que no está autorizado el cambio de uso de las edificaciones mediante la ejecución de distintas obras, sin ningún tipo de autorización administrativa. Estos promotores corren el riesgo de que se les ordene demoler lo que se construyó sin permiso; y, en caso de incumplimiento por su parte, será el propio Ayuntamiento quien realizará este trámite, quedando sujeto al pago de las costas el propietario.»
Belén Pérez insistió en que “este nuevo caso vuelve a poner de relieve el carácter colaborativo de la UCP, en el que se unen Urbanismo, Policía Local, Secretaría General y Estadística, permitiendo compartir información de cada una de las áreas, poniendo en valor la “luz” de posibles violaciones como éstas.
Y ha vuelto a lanzar un llamamiento a la ciudadanía, animando «a los vecinos de Lorca a concienciar ante cualquier sospecha o mentira, porque la participación ciudadana es fundamental en la lucha contra la infravivienda y la inclusión de quienes viven en estas circunstancias, todo ello con la objetivo de desmantelar el modelo de ciudad dormitorio que se ha extendido a determinados lugares de la ciudad y barrios.
Fuente de la imagen: www.lorca.es
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