Medioambiente: Alertan sobre posible contaminación por metales pesados en productos agrícolas en Cartagena

Hace unos días, Ecologistas en Acción denunciaba a la Consejera de Agricultura de la Región de Murcia por negar la existencia de un informe que arrojaba niveles preocupantes de metales pesados en el Mar Menor Sur.
Las sospechas sobre una posible transferencia a los productos agrícolas crecieron tras conocerse los resultados y las advertencias de una tesis doctoral de 2022, entre otras cosas sobre la acumulación de plomo y cadmio en lechugas cultivadas en suelos agrícolas contaminados.
La organización ecologista califica de «muy irresponsable» el silencio y la falta de transparencia mantenida por las autoridades de la región de Murcia, lo que «sólo aumenta la incertidumbre y el recelo».

Ecologistas en Acción de la Región de Murcia denunciaba hace unos días a la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira Martínez, por la posible comisión de un delito al intentar ocultar la existencia de un estudio de suelos agrícolas de la Universidad Politécnica de Cartagena que revelaba niveles alarmantes de metales pesados en determinadas zonas del sur del Campo de Cartagena.

A principios de febrero de este año se descubrió que Rubira negó el acceso al estudio “Diagnóstico de la calidad de los suelos agrícolas en el campo cartagenero: uso y manejo sustentable para su conservación y lineamientos para su recuperación”, alegando que no existía. Desde entonces, la organización ecologista ha denunciado que las versiones contradictorias y el deseo de mantener oculto el estudio no han cesado. A todo esto se suma la revelación de una tesis doctoral de 2022 que demuestra la transferencia de metales pesados a productos de consumo, que ha hecho sonar las alarmas.

Para la organización ambientalista, la secuencia de hechos es fundamental, porque revela una opacidad y un silencio inusuales en torno a un tema que causa gran preocupación por sus posibles consecuencias en la salud pública:

En noviembre 2023El Ministerio de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca encargó a un equipo de investigación de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) la realización del estudio “Diagnóstico de la calidad de los suelos agrícolas en el campo cartagenero: uso y gestión sostenible para su conservación y pautas para su recuperación”, para el que recibió una subvención directa de 293.035 euros.

El Grupo de Investigación en Gestión, Uso y Recuperación de Suelos y Aguas (Garsa), liderado por el investigador Ángel Faz, ha sido el encargado de realizar este trabajo.

En mayo 2025Según confirmó la propia UPCT, la obra fue finalizada, entregada y justificada al ministerio, sin que trascendió que en ese momento se hubiera presentado ninguna solicitud de rectificación.
En junio 2025En el marco de un proceso judicial, Tragsa presentó un informe titulado “Caracterización de los tecnosoles del yacimiento minero El Lirio-Los Belones (Cartagena)” ante el Juzgado N°1 de Cartagena. Este informe, elaborado por el mismo grupo de investigación de Ángel Faz, utiliza referencias de su propio estudio de diagnóstico de suelos agrícolas, aportando datos y una serie de mapas. Los mapas de distribución de metales muestran concentraciones superiores a los niveles legales para suelos agrícolas en algunas regiones.
En octubre 2025 Se solicitó al ministerio acceder al estudio “Diagnóstico de la calidad de los suelos agrícolas en el campo cartagenero: uso y manejo sostenible para su conservación y lineamientos para su recuperación”.
Él 4 de febrero de 2026 El ministerio negó el acceso al documento y argumentó que el estudio no existía y que se iniciaría un procedimiento para solicitar a la UPCT la devolución de la subvención.
— A partir de ese momento la noticia corrió por los medios y, consultada por la concejala Rubira, inició una serie de cambios de versión: primero negó la existencia del estudio, luego aludió a la imposibilidad de alcanzar los objetivos de la beca, y finalmente fijó un plazo de 15 días para que el equipo de investigación de la UPCT corrigiera la documentación, después de casi un año de realización, entrega y justificación del estudio.
A partir de la fecha de 2 de marzo de 2026Aún no se ha hecho público el estudio “Diagnóstico de la calidad de los suelos agrícolas en el campo cartagenero: uso y gestión sostenible para su conservación y pautas para su recuperación”.

Pedro Luengo, portavoz de Ecologistas en Acción, lo resume así: “Estamos intentando impedir el acceso a un informe de una universidad pública, financiada con dinero público, y de la que sólo conocemos algunos datos preocupantes sobre el contenido metálico de los suelos agrícolas así como unos mapas bastante impactantes que se aportan en el informe sobre tecnosoles y que fueron presentados ante el tribunal.

Acumulación de plomo y cadmio en lechugas cultivadas

Luengo señala que “en medio de esta situación de ocultamiento y con la posibilidad de que estos metales sean absorbidos por ciertos cultivos y puedan llegar a los consumidores, supimos que en marzo de 2022, un Tesis doctoral UPCTliderado por el mismo investigador Ángel Faz, y que analizó con precisión la transferencia de metales pesados desde los yacimientos mineros abandonados de la Sierra Minera hacia la silvicultura, los suelos agrícolas, las zonas urbanas y el medio marino.

Para Ecologistas en Acción, lo más preocupante de esta tesis es que alerta de la acumulación de plomo y cadmio en lechugas cultivadas en suelos agrícolas contaminados del Arco Sur. Al mismo tiempo, aconseja a las autoridades vigilar el «riesgo de incorporación a la cadena alimentaria mediante el consumo de productos cultivados en zonas agrícolas influenciadas por la actividad minera», por el peligro que esto representa para la salud humana, especialmente en caso de consumo frecuente.

La organización ecologista afirma que la situación es insostenible: «Han negado la existencia de un estudio que alertara de niveles preocupantes, algunos ilegales, de metales pesados en suelos agrícolas y, por si fuera poco, lo hacen cuatro años después de conocer una tesis doctoral que demuestra la incorporación de estos metales en las partes comestibles de la lechuga. Al mismo tiempo, subraya que no se tomaron medidas preventivas por parte de las autoridades competentes durante todo este periodo».

«El hecho de que hoy sigamos intentando ocultar información sobre este asunto, y que no haya un esclarecimiento inmediato y suficiente de las medidas de control adoptadas por las autoridades competentes, sólo siembra sospechas de que algo anda mal; es un silencio totalmente insostenible e inadecuado para un Estado democrático del siglo XXI», añadió Luengo.

Por todo ello, Ecologistas en Acción anunció que solicitará información en los próximos días sobre la actuación de la Administración Regional en materia de protección de la salud pública, y no excluye que puedan surgir nuevas acciones legales.