Medioambiente: ANSE pide a la ministra de Medio Ambiente que no autorice la privatización de la caza en Sierra Espuña

• La Asociación ha presentado una serie de alegaciones a la tramitación de las Directrices de Caza de la Región de Murcia y considera que determinadas propuestas no se corresponden con la realidad social, económica, jurídica y medioambiental.
• Las Directrices prevén, como medida emblemática, la privatización de la caza en Sierra Espuña, encomendando la gestión a la Federación de Caza y fomentando la presencia de la flecha.
• ANSE espera que esta vez las alegaciones presentadas sirvan para repensar la actividad cinegética en la Región de Murcia y adaptarla a la realidad social y medioambiental.

La Asociación de Naturalistas del Sudeste (ANSE) envió numerosas alegaciones (10 páginas) a la propuesta de DIRECTRICES DE GESTIÓN DE LA CAZA y su correspondiente estudio ambiental estratégico propuesto por la Ministerio de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor. La Asociación agradece el esfuerzo realizado por la Administración Regional para elaborar un documento detallado, respetando una obligación prevista por la Ley Regional de Caza y que tiene al menos 20 años de retraso. La Asociación destaca, sin embargo, que algunas propuestas del documento son inadecuadas e inasequibles desde el punto de vista social, económico, jurídico y medioambiental.

En primer lugar, la Asociación quiere mostrar su Rechazo frontal de una de las propuestas emblemáticas de las Directrices. que pasan por el Recuperación del coto regional de caza de Sierra Espuña para su posterior entrega a federación de caza, mediante una privatización del uso cinegético del Parque Regional. Esta privatización incluye implícitamente la valorización y valorización del rui como recurso cinegético. Esta propuesta es incompatible con la catalogación del ruí como especie exótica invasora, con la protección de Sierra Espuña como parque regional y espacio de la red Natura 2000 y con las propuestas del Gobierno regional para impulsar el turismo a través de su declaración de parque nacional. Además, esta sugerencia requeriría modificar la Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Sierra Espuña y modificar el régimen jurídico de la ruí establecido por sentencia del Tribunal Supremo únicamente para satisfacer un interés deportivo concreto, que esta organización considera inasequible en un espacio público protegido. Precisamente, La Junta Directiva del Parque rechazó la caza de ruí en 2021 en Sierra Espuña. Además, la ANSE recuerda que la gestión de las flechas es absolutamente deficiente en la mayoría de cotos privados y que la Federación de Caza gestionaba el coto vecino de la Sierra de la Tercia. Además, ANSE recuerda que ya existía una propuesta similar en el Refugio de Vida Silvestre “El Bebedor”, cuya desclasificación se proponía entregar también a la Federación de Caza para su caza y que la Administración Regional se ha visto obligada a dar marcha atrás debido a opinión pública. presión.

Otros aspectos relevantes que, a juicio de la Asociación, conviene plantear son la interacción entre la caza y los objetivos de conservación de la red Natura 2000, ya que esta actividad es ampliamente practicada en áreas protegidas. Las Directrices se limitan a garantizar el cumplimiento de la normativa de estas zonas sin profundizar en aspectos clave como los ungulados y la afectación a los hábitats de interés comunitario, el efecto de la caza sobre las especies presa (conejo, perdiz) o el papel de los depredadores. (zorro, urraca, por ejemplo) y zorzales en la dispersión de semillas y por tanto en la recuperación de hábitats de interés comunitario. Él El efecto de la munición de plomo sobre las poblaciones de aves rapaces es otro aspecto a evaluar y resolver dentro de los lineamientos.

Otros aspectos destacados por la asociación en las acusaciones son que las directrices se basan en un análisis sesgado y poco realista que asume clichés del sector cinegético, que tienen poca realidad: «la caza como motor económico», «el potencial económico del turismo cinegético». , “mucha demanda” para el arui, etc. También se señalan ciertas contradicciones en las propuestas al apostar por la promoción de poblaciones silvestres pero reconociendo las liberaciones como una herramienta, «limitar la suplementación (pensión alimenticia)» pero sin perjuicio de lo permitido por la ley o «mejorar la captura (….) (depredadores) a cualquier director de caza» pero yopotenciar la figura del especialista (…)”. Otros aspectos destacados por la Asociación fueron la necesidad de proteger a la paloma europea y aplicar medidas de recuperación en el marco de la PAC. Otra propuesta inadecuada es que las Directrices lleguen incluso a proponer la movilización del ejército para, en caso necesario, controlar la población de jabalíes.

La Asociación recuerda que la gestión cinegética ha sido una fuente constante de conflictos con la Administración Regional, que sistemáticamente ha doblegado los intereses del sector cinegético en detrimento del interés general. Así, el representante de ONG ecologistas de la Región de Murcia abandonó el Consejo Asesor de Caza y Pesca Fluvial harto de la inutilidad de las propuestas que se hacían dentro del mencionado órgano consultivo y que estaban basadas en conocimientos científicos y técnicos. Asimismo, ANSE destaca que actualmente existe un procedimiento judicial abierto que examina las aprobaciones de las órdenes de prohibición sin el correspondiente procedimiento ambiental que exige el Plan de Gestión de la Red Natura 2000 del Noroeste. Por todo lo anterior, considera que los Lineamientos deben partir de un ejercicio de autocrítica y análisis de la realidad actual.

Por todo lo anterior, ANSE pide al concejal Juan María Vázquez que elimine los aspectos inaceptables de las directrices y se centre en cuestiones importantes: gestión de los hábitats de las especies cinegéticas, regulación de la presión cinegética a la realidad biológica de las especies y reducción de los impactos de la caza. La Asociación espera que esta vez se tengan en cuenta las alegaciones presentadas por las ONG ecologistas, porque en los últimos años la participación de las organizaciones apenas ha tenido efecto en el tratamiento, lo que transforma los procesos de participación pública en un simple trámite sin sentido. alcance.