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Política: El PP pide al Senado una moratoria de la ley de costas para evitar el derribo de las viviendas de 600 familias de la Región


El senador del PP Francisco Bernabé denuncia la “arbitrariedad e injusticia” del Gobierno de Sánchez en los deslindes y derribos de viviendas en el litoral comarcal

El parlamentario exige el “desbloqueo urgente” de las iniciativas legislativas del Partido Popular para garantizar la seguridad jurídica de los afectados

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia, Francisco Bernabé, ha reclamado hoy una moratoria inmediata en la aplicación de la ley de costas, para poner fin a lo que ha calificado de «auténtica agonía» para casi 600 familias murcianas afectadas por los procesos de demarcación y derribo de viviendas en el litoral. Durante su intervención, denunció la «absoluta arbitrariedad, injusticia e ilegalidad» con la que, según él, actúa el Gobierno español.

Así se lo transmitieron a los afectados por la implantación de la Ley de Costas por parte del Gobierno de Sánchez, durante la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado reunida hoy. Asistieron la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, y los concejales de las comunidades autónomas del PP con costa, incluida la de la Región de Murcia, Jorge García Montoro. El PP responde así al compromiso adquirido el pasado 23 de abril, tras una reunión que Alicia García mantuvo con los afectados por la ley de costas, que tuvo lugar en Cartagena.

Bernabé ha recordado que la situación afecta directamente a unas 80 familias de Los Nietos, pero se extiende a otras localidades de la Región de Murcia, como Cabo de Palos, El Portús, Puerto de Mazarrón o Puntas de Calnegre, afectando a unas 600 familias. A nivel nacional, advirtió, el problema afecta a más de 88.000 hogares, lo que representa cerca de 400.000 personas.

El senador popular cuestionó «duramente» la actuación del Ejecutivo central, preguntándose «dónde está el derecho a la propiedad privada» y denunciando que se están produciendo ocupaciones de facto sin compensación. «Nadie puede ser privado de su propiedad sino mediante compra o expropiación forzosa con garantías», declaró, advirtiendo también contra la ruptura del principio de seguridad jurídica.

El senador defendió que proteger la costa no implica el derribo de viviendas, sino la adopción de medidas efectivas contra la regresión costera y el cambio climático. En este sentido, recordó la Estrategia de Protección de Costas aprobada en 2016 por el Gobierno del Partido Popular, que preveía actuaciones como diques, espigones o la regeneración de playas, y lamentó que ninguna de estas medidas se hubiera implementado.

Por todo ello, reclamó al Partido Socialista el desbloqueo inmediato de las propuestas legislativas impulsadas por el PP en el Congreso y el Senado para dar solución a este problema, así como la aprobación urgente de una moratoria que paralice cualquier acción de demarcación, ocupación o derribo. “Es una cuestión de respeto institucional, pero sobre todo de dignidad y justicia para miles de familias”, concluyó.

Falta de respeto y sensibilidad.

Por su parte, Alicia García criticó la ausencia del Gobierno de Pedro Sánchez, que volvió a rechazar la posibilidad de venir al Senado a debatir con los consejeros, «lo que demuestra su falta de respeto a esta Cámara y, peor aún, su falta de sensibilidad e interés para debatir y resolver un problema que afecta a miles de españoles a lo largo de nuestra costa».

Alicia García acusó al sanchismo de ser «el eminente alumno del chavismo pasando de la expropiación al derribo» con una aplicación de la Ley de Costas que supone «una sentencia de muerte» para decenas de municipios costeros, muchos de ellos de la Región de Murcia: «No somos expropiadores ni derribadores. Somos el partido de la libertad, de la seguridad jurídica y de la defensa de la propiedad privada», declaró.

Por su parte, el senador de la Región de Murcia, José Ramón Díez de Revenga, dejó claro que el Estado derriba casas que son legales y legítimas, sólo “por ideología”. Y advirtió que el PP «no lo permitirá». «Estamos utilizando todos los recursos que tenemos a nuestro alcance según el Estado de derecho para poner fin a este atropello. Y continuaremos haciéndolo», añadió.

Dirigiéndose a los presentes, dijo: «Y continuaremos en el Congreso, en Europa y donde sea necesario. No dudéis que el Partido Popular os acompañará en vuestra lucha hasta el final. Porque lo que está haciendo el Gobierno no tiene sentido. Porque lo que piden los interesados ​​es completamente razonable. Y porque tienen razón».





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Fuente de la imagen: www.ppregiondemurcia.es