Política: Más de 1.200 firmas en apoyo a Víctor Egio en menos de 24 horas

Entre los firmantes se encuentran dirigentes políticos del estado y la región como Montero, Belarra, López de Uralde, Marín, Sánchez Serna, Álvarez-Castellanos o Antonio Campillo, pero también una gran mayoría de personas anónimas de todas las profesiones.

La campaña de firmas en apoyo a Víctor Egio tras su sanción en la Asamblea Regional recaudó más de 1.200 firmas en menos de 24 horas. Aunque entre los firmantes hay dirigentes políticos del ámbito nacional, como Irene Montero, Pablo Iglesias, Juan López de Uralde, y también del ámbito autonómico, como Javier Sánchez Serna, María Marín, el coordinador de IU-Verdes José Luis Álvarez Castellanos o el catedrático de filosofía Antonio Campillo, la mayoría corresponden al ámbito de la docencia, el derecho, la ingeniería o la psicología.

Hace tres semanas, Egio fue acusado por Vox de llevar meses ausente de la Asamblea. La realidad era que el diputado de Podemos acababa de ser padre y había solicitado ausentarse seis semanas por motivos de paternidad y votar electrónicamente. La presidenta de la Cámara, Visitación Martínez, no le concedió el uso de la palabra, que Egio había solicitado con base en el artículo 93 del reglamento, y terminó expulsándolo por desobediencia. Dos semanas después, fue aprobada en el pleno la sanción de un mes de suspensión de funciones y salario, propuesta por una comisión compuesta por la propia Martínez y el portavoz de la ultraderecha que la había insultado.

Ante este episodio de autoritarismo antidemocrático sin precedentes, los firmantes exigen la suspensión inmediata de la sanción contra el diputado, el restablecimiento de sesiones plenarias de control en el Gobierno regional, dando a la oposición la posibilidad de un control del Ejecutivo ejecutable en cualquier cámara. . de representación democrática del mundo, y la retirada del proyecto del Comisionado de Transparencia y la recuperación del Consejo de Transparencia como un organismo independiente con capacidad para supervisar la acción del Gobierno y ofrecer a los ciudadanos toda la información relacionada con su gestión de los recursos públicos.