La secretaria general de UGT Región de Murcia, Francisca Sánchez Salmerón, con los miembros de la Comisión de Sanidad y Política Social

Política: UGT, el Colegio Oficial de Médicos y CCOO inician las vistas legislativas sobre el proyecto de ley sobre delitos vinculados a agresiones contra profesionales sanitarios

La Comisión de Salud y Política Social se reunió esta mañana en triple sesión, iniciando el proceso de audiencias legislativas sobre el Propuesta de ley sobre infracciones y sanciones administrativas en materia de agresiones contra profesionales sanitarios y demás personal del sistema sanitario público de la Región de Murcia, en el ejercicio de sus funciones (PPL-0037), formulado por el Grupo Parlamentario Popular.

El primero en comparecer fue el secretario general de UGT Región de Murcia. Francisca Sánchez Salmerón considera que “la ley puede ser un avance, pero es insuficiente sin una estrategia integral que fortalezca al personal, mejore la organización y garantice una atención sanitaria digna”. Valoró positivamente la creación de un régimen sancionador contra las agresiones al personal sanitario, pero advierte de la necesidad de medidas estructurales que reduzcan la presión sobre la atención sanitaria y refuercen la prevención para solucionar el problema: «Las agresiones están ligadas a la sobrecarga sanitaria, a las listas de espera, a la saturación de urgencias y a la falta de personal, y sólo el 40% de los casos se denuncian. Por eso exigimos que se puedan iniciar de oficio procedimientos sancionadores ante la persistente devaluación de la atención». Sánchez Salmerón destacó que «el texto contiene indeterminaciones conceptos legales y determinadas sanciones pueden tener un efecto limitado» y lamentó que «las organizaciones sindicales no fueron escuchadas durante la elaboración de la norma».

A continuación compareció el presidente del Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia. Francisco Miralles Jiménez respaldó el proyecto «por su necesidad real», al tiempo que insistió en que hay que perfeccionarlo técnicamente «para garantizar la seguridad jurídica, evitar incertidumbres interpretativas y asegurar una aplicación efectiva en la práctica». Miralles Jiménez explicó que las agresiones al personal sanitario son un problema estructural y creciente: «No se trata de episodios aislados, sino de una tendencia sostenida que incluye agresiones tanto físicas como verbales. Este fenómeno afecta directamente a la calidad asistencial, a la organización de los servicios y genera un importante impacto económico y profesional en el sistema sanitario. De ahí, aseguró, la necesidad de una norma «que actúe contra conductas que no alcanzan el ámbito penal, pero que requieren una regulación precisa: ampliación de los sujetos responsables, mejor definición de las conductas y mecanismos que permitan actuar a la Administración». efectivamente, incluso de oficio».

Finalmente, el secretario general de la Federación Sanitaria de CCOO Región de Murcia cerró estas primeras audiencias legislativas. Miguel Ángel López Lozano propuso que se modifique el título y que se identifique el destino de la norma para todos los profesionales que trabajan en el sistema sanitario público de la Región de Murcia. Asimismo, destacó varios aportes significativos al texto: «La creación de un Observatorio Regional de agresiones a profesionales de la salud -dependiente del Ministerio de Salud- como herramienta esencial para analizar y denunciar públicamente las propias agresiones y fomentar la participación activa de la administración pública, los profesionales, los sindicatos, los colegios profesionales y la propia sociedad civil a través de las asociaciones de usuarios. López Lozano también considera que es importante «ampliar la norma para que no se limite a la integridad física, sino que abarque también la integridad moral y la propiedad, tanto personal como pública, y que incluya agresiones en el entorno digital y el derecho a la intimidad” y, añadió, que “es vital que los procedimientos de protección al trabajador se inicien de oficio con el objetivo de evitar futuras represalias o presiones emocionales por parte del autor de la infracción”.

Durante la reunión, en una ronda general de intervenciones, intervinieron las diputadas María Soledad Sánchez Jódar (GP Socialista), Eugenia Sánchez Pérez y María José Ruiz Díaz (GP Vox), María Marín Martínez (GP Mixta) y María del Carmen Ruiz Jódar (GP popular).

Al finalizar las reuniones de la Comisión, tanto los ponentes como los representantes de los grupos parlamentarios participaron en ruedas de prensa (publicado en nuestro Banco de Recursos: https://www.asambleamurcia.es/banco-de-recursos/ruedas-de-prensa/398482).



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