Sucesos: Hasta la fecha, 68 personas han sido investigadas por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Hasta la fecha, 68 personas han sido investigadas por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Los agentes inspeccionaron 52 propiedades agrícolas y localizaron y sellaron 60 plantas de tratamiento de aguas residuales y 42 pozos.

La operación “Chancuatro” pretende detectar posibles causas de las condiciones ambientales en el Mar Menor

La Guardia Civil, dentro del operativo “Chancuatro” destinado a detectar las posibles causas de las condiciones ambientales del Mar Menor, descubrió una trama delictiva dedicada al uso de depuradoras de aguas residuales en la comarca del Campo de Cartagena (Murcia).

A la fecha, mientras la investigación permanece abierta, 68 personas han sido investigadas por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Asimismo, los funcionarios realizaron 52 inspecciones a propiedades agrícolas, en algunas de las cuales se localizaron y sellaron 60 estaciones de drenaje y 42 pozos irregulares.

Luego de finalizar las operaciones “Chandos” (iniciada en 2019 con 63 personas investigadas por delitos ambientales) y “Chantres” (realizada en 2020 y que resultó en la investigación de 23 personas), y ante la sospecha de que estas actividades delictivas podrían continuar, esta investigación ha comenzado.

Los agentes obtuvieron abundante documentación, entre ellas la intervención de una importante empresa dedicada a instalaciones eléctricas y automatizaciones con sede en la comarca del Campo de Cartagena, que les permitió centrar la investigación en numerosas fincas inmobiliarias sospechosas de albergar desaladoras y pozos de extracción ilegales. agua.

Una vez obtenidas y analizadas todas las pruebas, el pasado mes de febrero la Guardia Civil puso en marcha un amplio dispositivo policial, liderado por el SEPRONA y en el que participaron técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura, para realizar la inspección de 52 propiedades agrarias.

Durante las inspecciones se localizaron 60 estaciones de drenaje y 42 pozos de captación de agua con diversas irregularidades y se identificó a sus propietarios.

Escondieron las máquinas bajo tierra para evitar su localización

Entre las plantas de desminado localizadas se detectaron casos únicos debido al método de ocultamiento utilizado para evitar ser detectados. Algunos de ellos estaban instalados en cajas construidas bajo tierra y camufladas, y otros en remolques, lo que facilitaba su transporte a cualquier punto de las fincas de forma ágil.

Además, algunos pozos de extracción de agua estaban equipados con un imán que modificaba los resultados del medidor volumétrico, otros carecían del citado medidor y varios no contaban con la correspondiente autorización administrativa que certifique su legalidad.

Los agentes comprobaron que se trataba de una red criminal orquestada por una empresa (tres de los cuales se encuentran entre los 68 investigados) que ofrecía sus servicios a empresarios agrícolas de la comarca del Campo de Cartagena.

Ofrecieron máquinas desalinizadoras y productos para eliminar la salinidad del agua, proporcionando a los agricultores una forma eficiente de abastecer sus cultivos mediante la captura de agua de los acuíferos de la región.

Para lograrlo, instalaron las máquinas, generalmente subterráneas para evitar su ubicación, y se encargaron del servicio de mantenimiento y suministro de los productos necesarios para que el agua captada de los acuíferos fuera filtrada y libre de salinidad. Una vez depurados, los residuos -que contienen un alto porcentaje de sal y productos químicos- se inyectaban en pozos ilegales y también se vertían a través de presas o tuberías de salmuera que desembocaban en el Mar Menor.

La Guardia Civil y la Confederación Hidrográfica del Segura precintaron las máquinas investigadas y obtuvieron muestras de agua para su posterior análisis.

Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente

Los autores de este tipo de hechos pueden incurrir en un delito, previsto en el Código Penal vigente, que se castiga con pena de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para el ejercicio de una profesión. o comerciar por un período de tiempo, de uno a dos años.

En el caso de que pudieran dañar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, las cifras anteriores aumentan y las conductas pueden ser sancionadas con pena de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e prohibición especial de ejercer sus funciones. profesión u oficio por un período de uno a tres años.

El operativo, liderado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, fue llevado a cabo por agentes pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Murcia.

Para más información puede contactar con la Oficina de Comunicación Periférica de la Guardia Civil de Murcia, en el 968.242.746.