Medioambiente: Celebran reapertura del caso “órdenes de exclusión”
- ANSE y Ecologistas en Acción celebran la reapertura de la investigación contra 4 altos cargos de la Administración Regional por haber aprobado las órdenes de prohibición de dos años sin realizar una evaluación adecuada de las repercusiones en la red Natura 2000.
- La reapertura se produce tras un recurso de las organizaciones contra el acuerdo de archivo del Juzgado de Instrucción.
- Las organizaciones señalan que, aunque en los últimos años se han realizado denuncias de afectaciones a la red Natura 2000, el procedimiento todavía no se lleva a cabo correctamente.
ANSE y Ecologistas en Acción denunciaron a dos exasesores de la fiscalía (Antonio Luengo y Javier Celdrán) y dos ex directores generales (Fulgencio Perona y Francisco Marín) por presuntos delitos contra el medio ambiente y prevaricación al aprobar dos órdenes que prohíben la caza y la pesca en ríos sin la obligatoria evaluación de impacto ambiental analizar los efectos sobre la red Natura 2000, tal y como determina el plan de gestión global para el Noroeste.
En el desarrollo de la investigación, la El juzgado de instrucción nº 4 acordó presentar diligencias de investigación previas. Este archivo apeló Recurrido por organizaciones ecologistas y posteriormente confirmado por la Audiencia Provincial, de acuerdo con la acusación popular interpuesta por Ecologistas en Acción y ANSE. Ahora él El Juzgado de Instrucción N°4 decretó la reapertura del caso y citó a declarar a los dos exdirectores generales Fulgencio Perona y Francisco Marín el 5 de marzo de 2024.
Las organizaciones muestran su satisfacción con la reapertura y esperan que se aclare por qué las órdenes de prohibición se aprobaron sin someterlas a una evaluación de impacto ambiental, cuando ésta es obligatoria y así lo han establecido en varias ocasiones los propios servicios jurídicos de la Comunidad. Asimismo, las organizaciones recuerdan que emitieron múltiples advertencias al interior del Consejo Consultivo de Caza y Pesca Fluvial por su mal funcionamiento en temas de fondo, lo que derivó en el abandono del Consejo en 2019.
Ahora, las organizaciones esperan que la reapertura del caso acabar de una vez por todas con la connivencia de la Comunidad Autónoma con los intereses cinegéticos y piscícolas en detrimento del medio ambiente y sirve para iniciar una fase de respeto a los órganos de participación pública y a los procedimientos legales. En este sentido, las organizaciones recuerdan que actualmente se incluyen informes sobre las afectaciones a la red Natura 2000, pero que no se realiza una evaluación de impacto ambiental propiamente dicha que permita valorar adecuadamente las repercusiones en la red Natura 2000.
Por todo el pasado, Organizaciones ambientalistas exigen a la actual ministra de Medio AmbienteJuan María Vázquez y la secretaria autonómica María Cruz Ferreira un cambio radical en la política medioambiental que, con el cumplimiento de normas, centrarse en la participación y la gobernanza de calidad.
Fuente de la imagen: www.ecologistasenaccion.org
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