La Guardia Civil investiga 106 delitos vinculados con la extracción ilegal de agua

Sucesos: Durante el año pasado se llevaron a cabo 1.724 inspecciones en diversas explotaciones y 326 controles, durante los cuales 92 personas fueron detenidas o acusadas de la comisión de 106 delitos penales.

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Durante el año pasado se llevaron a cabo 1.724 inspecciones en diversas explotaciones y 326 controles, durante los cuales 92 personas fueron detenidas o acusadas de la comisión de 106 delitos penales.

Asimismo, se detectaron 1.342 infraestructuras ilegales y se denunciaron 2.341 infracciones administrativas.

Los delitos más comunes en este ámbito se refieren a los recursos naturales y el medio ambiente (66%), la ordenación del territorio (15%), así como el fraude en el agua (8%) y la electricidad (3%).

Durante los últimos tres años, la Guardia Civil ha puesto en marcha una serie de campañas, llevadas a cabo principalmente por unidades del Seprona, cuyo objetivo es localizar e investigar pozos, perforaciones y balsas de acumulación ilegal de agua.








La Guardia Civil, en el marco de la operación “Mizu III”, investigó o detuvo a 92 personas por la comisión de 106 delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, contra la ordenación territorial, fraude al agua y a la electricidad. Durante el operativo se realizaron 1.724 inspecciones en diferentes explotaciones y 326 controles.

Además, se reportaron 2.341 infracciones administrativas, principalmente por incumplimiento de la normativa hídrica (67%). Además, se presentaron 347 denuncias contra normas urbanísticas y de ordenación del territorio, y 312 contra normas sobre minas.
Debido al gran número de servicios, inspecciones y controles realizados, se ha observado un aumento del número de infracciones penales y administrativas. La Guardia Civil, en general, y el Seprona, en particular, desarrollan una actividad constante en la lucha contra la desertificación, en la protección de un bien escaso como el agua y en la minimización de riesgos ante el peligro potencial que suponen las perforaciones y pozos abandonados. . en funcionamiento sin medidas preventivas de seguridad obligatorias.

Infraestructura ilegal

La operación “MIZU III” se concretó a través del control y seguimiento de los usos del agua, principalmente subterránea.
Durante la ejecución de los citados controles e inspecciones se detectaron un total de 1.342 infraestructuras ilegales relacionadas con la captación ilegal de agua. Más del 80% de estas infraestructuras corresponden a pozos y perforaciones, existiendo también otras infraestructuras de captación ilegal de agua de diversa índole (rejillas, canales de riego y cauces de ríos o arroyos). Las principales conductas irregulares detectadas son la ausencia de autorizaciones, el desvío de agua de su cauce sin autorización, la ausencia de medidas de seguridad o manipulación, el mal funcionamiento o ausencia de contadores volumétricos.

Uso de nuevas tecnologías.

El Seprona utilizó la teledetección aplicada a la lucha contra las extracciones ilegales de agua. Estos datos permiten analizar la evolución en el tiempo de los usos del suelo y las prácticas agrícolas realizadas en cualquier propiedad rural. En los últimos años la preparación de inteligencia ha mejorado mediante el uso de imágenes de satélite, aviones o drones, así como el software de que dispone la Guardia Civil para el análisis de este tipo de datos.
En general, las técnicas de teledetección, aunque complejas en su manejo, complementan las inspecciones de campo y permiten orientar y orientar las inspecciones e investigaciones a realizar para identificar la existencia de técnicas de recolección ilegal.

Programas destacados

  • Operación “MELIN”. El Seprona investigó o detuvo a tres personas en Cuenca por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, fraude eléctrico y hurto. La investigación se inició tras conocerse que una empresa estaba utilizando masivamente agua en cantidades muy superiores a las reportadas.
    Para camuflar estos retiros ilegales manipularon con imanes las lecturas de los medidores instalados en los pozos.
  • Operación “CHAAK”. En la comarca de la Axarquía (Málaga) se han constatado continuas extracciones de aguas subterráneas públicas.
    Se estima que la cantidad total de agua extraída ilegalmente desde el inicio de la actividad ascendería a más de 25 millones de metros cúbicos aproximadamente, lo que podría causar daños al dominio público hidráulico de aproximadamente 10 millones de euros. Se saldó con la detención de 26 personas y la investigación de otras 44 por presuntos delitos contra los recursos naturales, el medio ambiente y usurpación de aguas públicas, tras detectar más de 250 usos ilegales de pozos, estanques, perforaciones, etc.
  • Operación “SUBMARINO”. El Seprona, en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Segura, realizó 53 inspecciones agrícolas en la zona de influencia de la Rambla Ramonete (Mazarrón-Murcia). Como resultado, se identificaron un total de 51 pozos ilegales, la mayoría utilizados o listos para ser utilizados para agricultura intensiva. Este operativo resultó en la investigación de 18 personas por la presunta comisión de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y usurpación de agua.
  • Operación “EEMAME”. La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), en el marco de las investigaciones sobre las afectaciones al medio natural del Mar Menor provocadas por determinados cultivos irregulares, descubrió un total de 15 tomas irregulares de agua, supuestamente destinadas al abastecimiento de dichas explotaciones y para consumo de animales.
El lugar de las perforaciones fue sobre un acuífero declarado de riesgo cuantitativo y cualitativo y zona protegida incluida en la red Natura 2000 denominada “Saladares de Guadalentín”, lo que agrava la realización de perforaciones ilegales en dichas zonas protegidas.

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